El Gobierno del PP pretende hacer frente a la protesta social
derivada de su recortes a través de la ofensiva represiva. Los
manifestantes en Madrid recientemente, y anteriormente en Valencia y
Asturias, han sufrido una represión que hasta hace poco parecía potestad
exclusiva de Euskal Herria.
«Menos Estado social, más Estado
policial», es una frase de autoría difícilmente atribuible y que ha
recorrido las trincheras ideológicas de la izquierda desde hace décadas.
Hoy en día refleja la cruda realidad de un Estado español que, tras
desmantelar a golpe de recorte buena parte del Estado de bienestar, no
duda en reprimir policial y judicialmente la protesta social derivada de
sus acciones.
La sección «A fondo»
de NAIZ desgrana, en un amplio trabajo periodístico, la escalada
represiva con la que el Ejecutivo español pretende hacer frente a la
protesta social derivada de sus recortes.
El año empezó caliente con la «primavera valenciana»,
cuando estudiantes del instituto Lluis Vives reclamaron en la calle
calefacción para sus clases y fueron duramente reprimidos por un jefe de
la Policía española que no dudó en calificarlos de «enemigos».
Mes y medio más tarde llegó uno de los
puntos culminantes, con motivo de la huelga general del 29 de marzo
contra la reforma laboral. Catalunya fue el epicentro. Tras los sobredimensionados incidentes
de la jornada de protesta en Barcelona, los Mossos d'Esquadra
detuvieron a un total de 113 personas, seis de las cuales, en diferentes
periodos, han pasado varias semanas en prisión preventiva.
Dentro de la crónica represiva del 29 de
marzo, Barcelona compartió protagonismo con Euskal Herria, donde las
detenciones se cebaron con los huelguistas de Iruñea y la Ertzaintza, en Gasteiz, mandó al hospital a Xuban Nafarrate.
Esta es, de hecho, una de las claves de la escalada represiva; tras
experimentar durante años en Euskal Herria, parece que la maquinaria
represiva se traslada ahora al resto del Estado. El abogado y defensor
de los Derechos Humanos catalán Jaume Asens defiende que están
intentando «trasladar la política antiterrorista de Euskal Herria al
resto del Estado».
De hecho, esta política no se limita a la actuación policial –muy discutida después de la muerte de Iñigo Cabacas,
y las desproporcionadas cargas en Barcelona y Madrid–, sino que se
extiende al campo político y judicial. «Quieren incluir hasta la
resistencia pacífica como delito de atentado», explica Asens en
referencia a la enésima reforma del Código Penal que prepara el Gobierno
del PP en colaboración con CiU. «Hay un ciclo de represión que va a la
par de una movilización de masas», sentencia.
Las indiscriminadas cargas policiales
contra la marcha negra de los mineros en Madrid –una mujer tuvo que ser
ingresada en la UCI por el impacto de una pelota de goma– han sido el
último capítulo de un libro que, a juzgar por el constante e imparable
deterioro económico del Estado y de las personas que lo habitan, todavía
tiene muchas páginas en blanco por llenar.
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